Venezuela ha ratificado varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que prohíben todas las formas de discriminación contra la mujer y reafirman la responsabilidad de los Estados para trabajar en pro de su eliminación. En respuesta a ello Venezuela en Marzo de 2007 promulgó la Ley de carácter orgánico sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley acogió en su artículo 14 la definición de Violencia de la Convención de Belem Do Pará, y añadió 19 tipos de violencia configurándolos como delitos. La Convención de Belem Do Pará también toma en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su de su condición de refugiada o desplazada. Además estableció desde su preámbulo la garantía especial de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, expresándolo en varios artículos agregando incluso como agravante, cualquier tipo de violencia expresada como delito en la ley, perpetrado en perjuicio de personas especialmente vulnerables.

El Estado Venezolano si bien ha cumplido con la obligación de incluir en la legislación interna los mecanismos judiciales necesarios para ofrecer un marco legal de protección, no ha constituido oportunamente la estructura administrativa necesaria para garantizar la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además de ello no ha capacitado eficazmente a los órganos que de acuerdo al artículo 70, pueden recibir denuncias ni ha creado las casas de abrigo de que trata el artículo 32 ejusdem.

LA MUJER REFUGIADA

Durante las últimas cuatro décadas miles de colombianos se han visto obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad, en su mayoría el grupo de desplazados internos y los que buscan refugio en países extranjeros está representado por mujeres, niños y niñas que sufren desproporcionadamente las consecuencias derivadas de la huida. Aun cuando muchos de estos grupos han logrado cruzar la frontera y solicitar refugio, no han conseguido en el país de acogida la garantía de seguridad buscada pues a muchos los han devuelto a Colombia donde en algunos casos han sido víctimas de homicidio por el agente que origino el desplazamiento y en otros continúan en grave peligro. El regreso forzado de este grupo de personas se debe en gran parte a la presión que ejercen las autoridades venezolanas apostadas en frontera que desconocen la figura humanitaria del refugio, deformando su actuación en amenazas constantes de deportaciones y al cobro de peaje cada vez que se pasa un puesto de control, violando los principios de no devolución y no sanción del derecho al refugio. Es de considerar que devolver a una persona en situación de refugio o provocar su salida del país, se constituye como una violación grave de Derechos Humanos, pues se coloca de nuevo a la persona en el riesgo potencial de perder su vida y la de sus familiares negando la protección debida.

Ser mujer refugiada es encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, con la dramática condición de haber sido expulsada de su tierra abandonando sus posesiones y obligada a huir con sus hijos de sus hogares. La mayoría son de origen campesino y se han quedado solas, sin trabajo, con precarias condiciones de salud, careciendo de seguridad alimentaria y en algunos casos viviendo el infierno de la violencia intrafamiliar. Representan más de la mitad de las personas refugiadas en Venezuela, la mayoría como cabeza de familia con un aproximado de entre 3 a 4 hijos.

En una situación de desplazamiento y refugio, los comportamientos tradicionales de las mujeres y los hombres pueden verse sujetos a cambios en el proceso de adaptación y reconstrucción sociocultural, económica y política; la mujer tiende a asumir el eje fundamental de la familia al activar redes de ingresos y apoyo, el hombre tiende a asumir un papel secundario por la pérdida de relaciones, autonomía, autoridad y poder, mientras los niños, niñas y jóvenes soportan cargas económicas, emocionales y huellas cognitivas que se ven aumentadas por dichos cambios y por la falta de inserción en el sistema educativo.

La violencia que se manifiesta en el núcleo de las familias en situación de refugio se refleja en parte por la acumulación de tensión presente por falta de empleo, falta de dinero, condiciones precarias de vida, poco acceso a los servicios, dificultades para el desplazamiento dentro del país. Todas estas condiciones hacen que se exacerben las formas de estereotipos de género y la necesidad de drenar frustraciones y molestias; en un principio el comportamiento agresivo se dirige hacia los objetos (puertas, vajillas, etc.) pero luego se mueve hacia la pareja y se presenta un aumento en el abuso verbal y físico. La dependencia que culturalmente se le ha atribuido a la mujer en relación al hombre, cobra significancia cuando esta se siente impedida de realizar una vida independiente de la figura masculina, que en parte se encarga de satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar, esta operación casi matemática tiene implicaciones luego para la salud e integridad física y psicológica de la mujer y sus hijos e hijas.

Una gran parte de las mujeres en condición de desplazamiento sufren de violencia intrafamiliar, pero muchos de los casos de agresión contra esta población de mujeres nunca son denunciados.

LAS MUJERES EN EL NULA

En El Nula, un pueblo de 24 mil habitantes, ubicado en el Municipio Páez del Distrito especial del Alto Apure, en el Estado Apure, solo a cuarenta y cinco minutos del Departamento de Arauca en Colombia, la situación de la protección y garantía de los derechos de las mujeres, es precaria. Es una población receptora de personas en situación de refugio donde residen un aproximado de 1,900 personas que por el conflicto colombiano buscan refugio en Venezuela. Son personas en búsqueda de la paz que no encontraron en su país de origen y que deben comenzar desde cero una nueva vida en un país desconocido.

Según organizaciones como la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes y la oficina parroquial de Justicia y Paz La violencia intrafamiliar es muy común en El Nula, sin embargo, cuando uno compara la estadística del las instituciones del Estado de los casos de violencia intrafamiliar denunciados no corresponden. Las organizaciones no gubernamentales muestran otra realidad de la zona y han registrado hasta 4 veces más casos al año que el mismo Estado.

Las razones son varias, y uno es que en el pueblo no existe oficinas de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Publico, órganos que podrían considerarse especialistas en la recepción de denuncias, tampoco existen oficinas del Instituto de la Mujer y las dependencias más cercanas de acuerdo a la jurisdicción quedan a cuatro horas de distancia, encontrándose también sobrepasadas de capacidad operativa. El procedimiento especial establecido en la ley para la recepción y debida remisión de la denuncia al Ministerio Publico, resulta por demás desfavorable para la victima que en muchos casos para darle seguimiento o impulsar la denuncia debe trasladarse a la población de Guasdualito que está a 4 horas de distancia, donde se encuentra la oficina del Ministerio Publico más cercana, esto sumado a las condiciones de pobreza existentes en la mayoría de los casos hace casi imposible para una mujer con hijos llevar a fin la denuncia.

Asimismo los órganos del Estado sostiene una política de seguridad nacional que excluye del ejercicio y goce de los derechos a la población desplazada por no tener la documentación legal necesaria para permanecer en el país, causado este obstáculo también por el Estado, por el gran retraso que tiene en la entrega del documento provisional de estadía en Venezuela procedente en estos casos y en la decisión oportuna sobre la solicitud de refugio impulsada por los desplazados. El problema de la falta de documentación, se agrava en este procedimiento pues no solo se trata de viajar cuatro horas a la población de Guasdualito a formalizar la denuncia, se trata también de pasar por las aproximadamente seis alcabalas en el camino para finalmente llegar hacer la diligencia correspondiente y devolverse a pasar por la misma operación en los puestos de control cuantas veces sea necesaria su presencia en el órgano competente.

Los pocos casos que son denunciados, caen en manos de funcionarios ignorantes de los procedimientos aplicables, obvian el principio de protección fundamental, discriminan la denuncia y no intervienen oportunamente. Esta situación se agrava en poblaciones como El Nula, donde no existen oficinas de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Publico y el Estado no se ha encargado de capacitar a sus funcionarios sobre el tema, llegando en algunos momentos a referirse al asunto como una situación específica del grupo de personas en situación de refugio, proponiendo que sean devueltos a su país de origen.


CONLUSIÓN

En la población de El Nula y en muchas otras zonas rurales de Venezuela se presenta una situación de abandono en cuanto a la verificación de la obligación del Estado de garantizar y respetar los Derechos Humanos, lo que aumenta la probabilidad de que se verifiquen violaciones de derechos humanos pues no opera la denuncia y no se obtiene la información veraz sobre las estadísticas de la situación, generando que los problemas de violencia queden invisibles ante los órganos del Estado. Tampoco se vigila la actuación de los funcionarios miembros de los órganos competentes y se filtran estereotipos sociales en la recepción de la denuncia.

Esta situación de desprotección se configura como una violación de los Derechos Humanos de las mujeres sobre todo del grupo más vulnerable como lo son las mujeres en situación de refugio. El Estado debe asumir la obligación jurídica de asegurar que sus leyes, políticas y prácticas nacionales estén en armonía con los derechos humanos y asegurar las condiciones que permitan su respeto, protección, goce y ejercicio.

Las mujeres refugiadas se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad dentro de los países receptores, para lo cual deberían tener disponible los mecanismos necesarios para procesar denuncias y solicitar la ayuda que consideren imperiosa.

La cara femenina de la tragedia del desplazamiento es una superposición de exclusiones, tanto en la vida cotidiana de los hogares de las mujeres refugiadas, como en el diseño estructural de las políticas públicas de atención a esta población, el gobierno tiene mucha tarea por hacer. Por lo tanto es necesario una rápida actuación pues como parte de los acuerdos asumidos por el Estado Venezolano, esta la defensa y protección de los Derechos de los grupos más vulnerables y para ello deben existir una serie de elementos que acompañan el derecho de acceso a la justicia, como lo son los mecanismos eficientes de investigación, juzgamiento y sanción de actos de violencia y discriminación, el establecimiento de programas sostenibles de capacitación para operadores de justicia y las iniciativas para sensibilizar a la población y promover el aumento de denuncias.